El Gobierno adopta el plan para poner en marcha el sistema de protección integral de la niñez
El Decreto Ejecutivo N° 13 del Ministerio de Desarrollo Social formaliza la primera fase 2026-2027, con pilotos en cuatro regiones y un etiquetado presupuestario para la niñez.

El Decreto Ejecutivo N° 13 de 12 de octubre de 2026, firmado por el presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, fue publicado en la Gaceta Oficial N° 30641-A del 23 de octubre de 2026. Adopta el Plan Nacional de Implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, previsto en la Ley 285 de 2022 y aprobado por la Junta Directiva del sistema el 18 de diciembre de 2025.
Su artículo 1 adopta el plan en todas sus partes como anexo del decreto, y el artículo 2 declara su alcance nacional para el sector público, el sector privado y la sociedad civil organizada. El plan parte de un diagnóstico con datos del censo de 2023: 1,232,585 menores de 18 años, el 30 % de la población, y un 34 % de niños, niñas y adolescentes en pobreza multidimensional.
La primera fase, 2026-2027, se organiza en cuatro ejes: adecuación normativa a la Ley 285, gobernanza, capacitación de la fuerza laboral y redes comunitarias. Entre sus metas figuran revisar el 60 % de las regulaciones sectoriales, capacitar al 80 % de los servidores públicos de instituciones clave y poner en funcionamiento cuatro subsistemas locales de protección en Panamá, Panamá Oeste, Colón y la Comarca Emberá Wounaan, donde se conformarán comités provinciales y unidades de atención con los gobiernos locales.
Desde el punto de vista fiscal, el elemento más concreto es presupuestario. El plan encarga al Ministerio de Economía y Finanzas, junto con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación (MEDUCA), un mapeo de los recursos asignados a la niñez y un modelo de etiquetado presupuestario, con pilotaje en el Hospital del Niño, el MIDES y el MEDUCA. De aplicarse, esa herramienta permitiría medir cuánto gasta el Estado en esta población. Para las organizaciones sociales, el plan prevé capacitar al 25 % de las ONG con reconocimiento del MIDES.
El decreto rige desde su publicación, pero el plan no fija montos ni crea partidas: su ejecución depende de planes de acción de cada institución y de la asignación de recursos en los presupuestos anuales, con monitoreo de la Junta Directiva y de la Comisión Interinstitucional del sistema. Nexo Capital dará seguimiento a la ejecución de la primera fase del plan.
Investigación asistida por Sentinel, con verificación editorial de fuentes oficiales. Conoce Legislat.ai