El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recibió autorización para incorporar modificaciones al Proyecto de Ley 644, que contiene el Presupuesto General del Estado para 2027, y someterlas a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. La decisión consta en la Resolución de Gabinete N° 116, aprobada el 20 de octubre de 2026 y publicada ese día en la Gaceta Oficial N° 30638-B. El documento corresponde a un ajuste del proyecto durante su tramitación legislativa.

Su artículo 4 conserva el monto global de B/.35,111,749,929. El cuadro registra aumentos de gastos por B/.450,813,726 y disminuciones por la misma cantidad, con un subtotal neto de cero. Esa igualdad mantiene el total propuesto, aunque cambia la distribución de recursos entre instituciones y entre funcionamiento e inversión. La resolución no constituye la aprobación final de la ley presupuestaria.

Los antecedentes señalan que la Comisión de Presupuesto recomendó cambios mediante su Resolución N° 46, del 15 de octubre, después de las vistas presupuestarias. El MEF evaluó disponibilidad de recursos, prioridad de los gastos y viabilidad de ejecución. Entre los sectores mencionados figuran salud, infraestructura pública, seguridad, educación y servicios públicos. El artículo 3 también autoriza reformulaciones institucionales que no implican aumentos del presupuesto.

La lectura de las cifras exige una distinción. Los considerandos mencionan modificaciones por B/.186.83 millones asociadas a recomendaciones consideradas viables, mientras el articulado presenta movimientos por B/.450,813,726 en cada sentido. El texto no ofrece una conciliación expresa entre ambos universos. Además, el artículo 2 identifica financiamiento adicional para las modificaciones de gastos. Por ello, no corresponde describir esos montos como equivalentes ni interpretar los movimientos como un incremento neto del total.

Para proveedores del Estado, empresas vinculadas a infraestructura y organizaciones que siguen servicios públicos, la distribución propuesta permite identificar prioridades que podrían incidir en futuras contrataciones y programas. Ese efecto depende de las asignaciones que finalmente se aprueben y de su ejecución. Una mayor partida propuesta para una institución no acredita, por sí sola, una licitación abierta, un contrato adjudicado o recursos ya desembolsados.

El siguiente paso previsto en el artículo 5 es la incorporación de los ajustes por el MEF y su presentación a la Comisión de Presupuesto. La aprobación legislativa y la posterior ejecución determinarán el alcance efectivo de las reasignaciones. Hasta entonces, el dato comprobable es que el Gabinete mantiene el monto global del proyecto y autoriza modificar su composición.

Investigación asistida por Sentinel, con verificación editorial de fuentes oficiales. Conoce Legislat.ai